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Takaichi no sacará este mes la conclusión sobre el recorte del impuesto a los alimentos

Takaichi aplaza este mes la decisión sobre el recorte del IVA a los alimentos

La primera ministra Sanae Takaichi no tiene previsto tomar dentro del mes la decisión final sobre el recorte del impuesto sobre el consumo a los alimentos. En el debate de líderes de partido del día 15, dijo sobre la recopilación de opiniones en el Consejo Nacional de Seguridad Social, de carácter suprapartidista, que 'si es hacia principios de agosto, habrá tiempo suficiente desde el punto de vista operativo', y mostró su disposición a seguir un debate minucioso.

Calendario de cara al Parlamento de otoño

El Gobierno estudia una propuesta para reducir al 1% el tipo del impuesto sobre el consumo aplicado a los alimentos a partir de abril de 2027. Como la adaptación de las cajas registradoras llevará unos seis meses, prevé tomar una decisión final hacia septiembre u octubre y presentar un proyecto de ley relacionado en la sesión extraordinaria de otoño del Parlamento. En las directrices básicas de política económica y fiscal y de reforma, que se prevé aprobar dentro del mes, el Ejecutivo quiere dejar por escrito el plazo para concluir la cuestión del tipo impositivo de los alimentos.

La primera ministra explicó en el debate de líderes de partido que había trasladado al presidente de la reunión de expertos, Mitsunori Onodera, presidente del Consejo de Investigación Tributaria del Partido Liberal Democrático, que 'aunque sea hasta finales de julio, quiero que mantengan un debate sólido, en el que mucha gente quede satisfecha'. Hasta ahora hablaba de 'antes del verano', pero mostró su intención de asegurar tiempo para el debate sin alterar el calendario de aplicación del recorte fiscal.

Con todo, no se vio disposición a aceptar la revisión del recorte fiscal que piden los partidos de la oposición. Yuichiro Tamaki, líder del Partido Democrático para el Pueblo, señaló sobre la propuesta de llevar el tipo al 1% que 'no se ha logrado un consenso suficiente entre los partidos' y preguntó si 'queda margen para revisarlo'. En respuesta, la primera ministra dijo que el debate se ha dejado en manos del Consejo Nacional y se limitó a afirmar que 'yo misma no anticiparé una conclusión'.

La primera ministra añadió que 'los alimentos son absolutamente necesarios para vivir. Como cuestión de dignidad nacional, pensé si no se podría reducir el tipo impositivo cuando todo el mundo está pasando apuros'. Cuando Tamaki le preguntó si no cambia el plan de volver al 8% en abril de 2029, respondió que 'la limitación a dos años, para mí, no cambia'.

Cautela de la oposición y debate sobre la financiación

Junya Ogawa, líder de la Coalición Reformista de Centro, la instó a 'decidir ya si hará o no lo que dijo a la población y marcar una dirección'. La primera ministra mantuvo su postura de seguir de cerca el debate del Consejo Nacional, pero también afirmó que 'si no se toma una decisión en algún momento, no llegará a tiempo desde el próximo año', dejando la impresión de que conserva margen para decidir por sí misma incluso si no se alcanza una conclusión entre gobierno y oposición.

Takahiro Yasuno, líder de Team Mirai, sostuvo que 'hay muchas desventajas que no pueden ignorarse' y defendió que la respuesta debe darse mediante pagos directos, no con un recorte fiscal. Si la oposición se une para rechazar la rebaja de impuestos, sería un revés de cálculo para el Gobierno.

En principio, las directrices básicas de política económica y fiscal son un documento que expone los fundamentos de la política económica y fiscal del próximo ejercicio. Si la conclusión del Consejo Nacional se retrasa, existe la preocupación de que el diseño del sistema, incluida la discusión sobre la financiación, también quede rezagado. La propuesta del presidente planteó como fuentes de financiación la revisión de subvenciones y de medidas fiscales especiales, así como el uso de ingresos no tributarios, pero aún faltan medidas concretas. Si se da el paso de recortar impuestos sin aclarar la financiación, podría aumentar la preocupación por un deterioro fiscal y provocar una subida de los tipos de interés, con el consiguiente riesgo de presión sobre la gestión del Gobierno.

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